El 29 de noviembre fue aprobada en la Asamblea Nacional francesa la propuesta de ley que regula el deber de vigilancia de las multinacionales. De ser ratificada en el Senado, esta ley obligará a sus empresas a vigilar las prácticas de sus filiales nacionales y extranjeras y de toda su cadena de proveedores.

La prensa francesa anunció que el proyecto de ley obligará a las empresas a hacerse responsables por las violaciones ambientales y a los derechos humanos de su cadena de valor en el extranjero.

El tratamiento de esta ley inició en noviembre de 2013 cuando tres miembros de la Asamblea Nacional francesa presentaron un proyecto de ley para regular la responsabilidad de las empresas matrices en sus cadenas de valor en el extranjero. El texto crearía responsabilidad civil y penal para las empresas con sede en Francia en caso de violaciones de derechos humanos en el extranjero. Además, revertiría la carga de la prueba, haciendo a las empresas responsables de demostrar que han aplicado las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

El 29 de enero de 2015, los miembros de la Asamblea Nacional francesa decidieron remitir el texto a comisión para reformularlo, por razones jurídicas y técnicas. El texto revisado prevé que las grandes empresas pongan en marcha un plan de vigilancia que permita identificar y prevenir los riesgos ligados a sus actividades, a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento. Este proyecto fue aprobado el mes pasado por la Asamblea Nacional francesa. Ahora debe ser aprobado por el Senado para entrar en vigor.

Este proyecto de ley innovador representa un paso adelante en el ámbito de los negocios y los derechos humanos. Las empresas multinacionales deberán responder por sus proveedores en situaciones perjudiciales para el medio ambiente o los derechos humanos. También se exigirán responsabilidades a las empresas que no dispongan de plan de vigilancia, a aquellas que cuenten con uno insuficiente, o a las que no lo pongan en práctica.

El proyecto de ley cita como ejemplos de impunidad a las empresas implicadas en el colapso en 2013 del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que se cobró la vida de 1.127 personas, en su mayoría empleados de talleres textiles para grandes marcas como Benetton, El Corte Inglés, Mango o Primark. Un ejemplo de ello es el de las quejas contra Auchan (alegaciones de haber producido prendas en la fábrica de Rana Plaza) y Samsung (alegaciones de trabajo infantil en sus fábricas chinas). Ambos casos fueron desestimados recientemente.

El Observatorio de Responsabilidad Corporativa afirmó en un comunicado que “de ser ratificada en el Senado, esta ley supondría un avance histórico en la asunción de responsabilidades de las multinacionales, cuyas matrices afincadas en territorio francés responderían jurídicamente de los abusos sobre los derechos humanos y/o el medio ambiente a través de sus filiales y proveedores en el extranjero. No obstante, la ley sólo afecta a alrededor de 100 compañías y no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas”.

La secretaria general adjunta de IndustriALL, Jenny Holdcroft, dijo en un comunicado sobre la aprobación de la ley: «La Asamblea Nacional francesa ha dado un gran paso en la legislación para imponer obligaciones a las empresas multinacionales por sus responsabilidades hacia los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro globales. Si bien la ley podría ir más allá, es un hito importante en la mejora de la vida de millones de trabajadores que trabajan para las compañías multinacionales, que con demasiada frecuencia viven en la miseria, tienen pocos derechos y trabajan en condiciones peligrosas».

Fuente: ComunicaRSE